Todas las operaciones de Bitso, un ex canguro de criptografía latinoamericana, ya no funcionarán con pesos mexicanos directamente, sino que se procesarán a través de Nvio, la primera Institución de Fondos de Pagos Electrónicos (IFPE) regulada y supervisada por las autoridades del sector financiero de México.

Para poder seguir operando normalmente con sus titulares de cuentas Bitso, los usuarios deberán aceptar los términos y condiciones de la empresa Nvio. Informan que trabajar con Nvio hará que las transacciones sean más fáciles y seguras que antes.

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Casi dos años después de que el gobierno mexicano promulgó su Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley FinTech), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió su primera licencia el 22 de enero de 2020. La licencia autoriza a NVIO Pagos México, una filial de Bitso, un mercado de criptodivisas, a operar como institución de tecnología financiera en virtud de la nueva ley. Esta autorización histórica señala que el gobierno probablemente concederá licencias similares a más compañías de FinTech en los próximos meses. Al menos 85 entidades han presentado solicitudes de licencia a la CNBV, lo que crea más oportunidades para que los inversores aprovechen el potencial del mercado de FinTech de México dentro de un entorno regulado.

México se convirtió en el primer país de América Latina en establecer una reglamentación específica y completa del sector de la tecnología financiera cuando promulgó su Ley FinTech en marzo de 2018, lo que provocó una reacción positiva entre los inversores y las empresas de FinTech con modelos de negocio establecidos. Sin embargo, como ocurre con la nueva reglamentación de cualquier sector, algunos participantes -en particular la mayoría de las empresas de reciente creación de FinTech- plantearon preguntas sobre la forma en que el gobierno abordará la aplicación y el cumplimiento de la ley.

A un alto nivel, la Ley de FinTech somete a las empresas de FinTech a requisitos de regulación y supervisión similares a los aplicables a los bancos y otras instituciones financieras de México, incluida la supervisión de la CNBV. Además de obtener una licencia para realizar actividades comerciales, las empresas autorizadas de FinTech están obligadas a cumplir los requisitos de capital mínimo y de presentación de informes y divulgación de información, así como las restricciones a las transferencias de fondos con determinadas instituciones financieras no mexicanas. La nueva ley también crea un régimen de caja de arena para las nuevas empresas de FinTech de hasta dos años que les permite operar con una licencia temporal sin tener que cumplir todos los requisitos reglamentarios de una sola vez. Como resultado de ello, las nuevas entidades que atienden a un pequeño número de clientes pueden probar tecnologías innovadoras. Aunque la Ley FinTech también regula la financiación colectiva, las instituciones de dinero electrónico y los activos virtuales como las criptodivisas utilizadas por las instituciones de tecnología financiera y los bancos, otros sectores como la gestión financiera minorista o empresarial y la tecnología de los seguros se desprenden del régimen reglamentario de la nueva ley.

Estos acontecimientos se producen en el contexto de una economía mexicana que se enfrenta actualmente a una serie de retos, entre ellos una ligera contracción económica en 2019 (la primera desde 2009, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI)) y varias decisiones controvertidas de la nueva administración presidencial mexicana que han aumentado la incertidumbre entre los inversores nacionales e internacionales. Pero también hay oportunidades. A pesar de que la economía mexicana es la 15ª más grande del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, una encuesta realizada en 2018 por el INEGI y la CNBV reveló que el 32% de la población mexicana no tiene una cuenta bancaria y sólo el 24,6% posee una tarjeta de crédito. Como resultado, México es un objetivo de crecimiento atractivo para la industria de FinTech, y los desarrollos regulatorios en el sector prometen establecer a México como un líder de FinTech en la región.

Los inversores parecen apostar en consecuencia. La Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina informó de que las empresas de capital de riesgo invirtieron casi 700 millones de dólares en más de 160 operaciones en el sector de FinTech en América Latina durante 2017-2018, y Finnovating informó de un crecimiento en 2019 de más del 180% en las inversiones realizadas en empresas de FinTech en toda América Latina.

La Ley FinTech de México tiene por objeto promover la protección de los clientes, la integridad del mercado y un crecimiento robusto del sector, proporcionando seguridad jurídica y normativa sin limitar la innovación, un equilibrio que no será una hazaña menor si los reguladores pueden lograrlo. Y aunque cabe esperar que se produzcan baches en el camino, la medida es un paso audaz para mejorar la inclusión financiera y el crecimiento económico en México de una manera que probablemente creará oportunidades para que las empresas nacionales e internacionales, los inversores y otros agentes del mercado sigan participando en el próspero ecosistema de tecnología financiera de México.